Durante varios meses se ha celebrado la denominada Conferencia sobre el Futuro de Europa (Cofoe) que ha tenido unos niveles de participación sin precedentes, con propuestas de todo tipo, con la generación de debates y con la ilusión de pensar que otra Europa es posible. En las aportaciones de los ciudadanos se insiste en fomentar los derechos humanos, la inclusión, la lucha contra la discriminación y la vulnerabilidad de los europeos, la atención a personas con discapacidad, el fomento del empleo, la accesibilidad para todos, la brecha digital, la igualdad de género, el fomento de la salud y la participación para alcanzar una Europa más social.

 

Ahora toca la parte más difícil al tener que aplicar de una manera efectiva estos objetivos para que todos podamos comprobar que las personas están por encima de todo. Los organismos de poder, como son la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento, tendrán que ponerse de acuerdo entre ellos.

 

Un buen momento para comprobar que Europa se acerca a sus ciudadanos va a ser el semestre de presidencia española de julio a diciembre de 2023, antes de la celebración de las próximas elecciones europeas de 2024. Nuestras presidencias siempre han tenido un enfoque social que ha marcado el camino en Europa, especialmente en materia de discapacidad. Así en 2002 se inició el camino de la declaración del Año Europeo de la Discapacidad que se celebró en 2003 e incluso se sentaron las bases del debate de lo que posteriormente sería la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006.

 

Ante este reto de 2023, el CERMI ha planteado un documento de trabajo, basado en varios pilares, como conseguir una Europa sin barreras con accesibilidad universal para todos; o la libre circulación real de personas con discapacidad a cualquier país de la UE con todas las prestaciones que recibe en su nación de origen, por tanto, no vale solo con la tarjeta europea.

 

Además, también propone crear una comisión de la discapacidad en el Parlamento Europeo, como existe en España, tanto en el Congreso como en el Senado; permitir que todas las personas con discapacidad puedan votar en 2024, tal y como ya lo hacen 8 países de los 27 de la UE, con nuestro país a la cabeza en este movimiento; fomentar la transversalidad de las políticas de género y discapacidad; erradicar la esterilización forzada en todos los países; elaborar una macroencuesta europea sobre la violencia de la mujer, e instaurar una agencia europea sobre la discapacidad, que se podría establecer en España, ya que somos unos de los referentes en Europa. En definitiva, nada sobre las personas con discapacidad sin contar con ellas.

 

El papel de Europa va a ser sometido al escrutinio de sus ciudadanos, como así también lo van a hacer los expertos de la Convención de la ONU que examinarán las políticas europeas en materia de discapacidad. España tiene una oportunidad para volver a marcar el camino de la inclusión.